Complaint for use in Spain
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DIGO:
Que al amparo de lo dispuesto en el art. 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pongo en conocimiento del Juzgado los siguientes hechos, por entender que son constitutivos de delito de lesa humanidad del art. 607 bis y crímenes de guerra de los arts. 610 y 611.1, todos ellos del vigente Código Penal.
El concepto estratégico de la OTAN incluye el despliegue de armas nucleares y permite el primer uso de las mismas en tiempo de guerra. La OTAN y sus estados miembros han desplegado 480 armas nucleares estadounidenses en Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos, Turquía y el Reino Unido. Pilotos de estos países y de los Estados Unidos se entrenan y preparan para el uso real de estas armas en tiempo de guerra. SHAPE, el cuartel general de la OTAN, es la sede de las bases de datos de objetivos y del sistema de mando y control nuclear. Todos los estados miembros de la OTAN, incluido el español, participan en el grupo de planificación nuclear, en el que se deciden la estrategia nuclear y este despliegue de armas nucleares, así como en las estructuras militares donde se prepara su uso.
Mediante esta política nuclear, la OTAN y sus estados miembros, incluido el español, infringen las normas de derecho internacional, de acuerdo con la interpretación que de las mismas viene haciendo la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y en particular en lo que se refiere a las conductas que integran los tipos de delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz. Las armas atómicas desplegadas suponen una violación del derecho internacional.
En su sentencia de 8 de julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia indicó que las normas básicas del derecho internacional son de aplicación al considerar la cuestión de la legitimidad del armamento atómico. En primer lugar, dichas normas exigen distinguir entre combatientes y civiles, por lo que no está permitido el uso de armas que, por su propia naturaleza, hacen imposible esta esta distinción. En segundo lugar, prohíben causar sufrimientos innecesarios, como es el caso de los sufrimientos causados por este tipo de armamento.
Las consecuencias del uso de armas nucleares no pueden ser limitadas en el espacio y el tiempo, por lo que las armas nucleares desplegadas por la OTAN no podrían ser usadas nunca sin transgredir estas elementales normas del derecho humanitario. En este sentido, el Sr. Bedjaoui, Presidente de la Corte Internacional de Justicia, ha señalado que las armas nucleares son contrarias al derecho internacional: “Los efectos que cabe esperar de las armas nucleares, al menos en el estado actual de desarrollo científico, afectan tanto a víctimas civiles como a combatientes, y de su uso es de esperar así mismo un sufrimiento innecesario por lo que se refiere a ambas categorías... hasta que los científicos sean capaces de desarrollar un arma nuclear “limpia” que distinguiera entre combatientes y no combatientes, las armas nucleares tendrán efectos claramente indiscriminados, y constituirán un desafío absoluto al derecho humanitario”.
La presencia de armas nucleares en estas bases europeas implica la existencia de preparativos para la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, específicamente previstos en el art. 615 del Código Penal. Teniendo en cuenta que no pueden ser usadas sin infringir las normas mas elementales del derecho de guerra, el uso de armas nucleares constituye un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. La Corte Internacional de Justicia ha colocado en el mismo plano de ilicitud tanto su uso como la amenaza de usarlas.
El gobierno español participa en estos preparativos mediante su participación en el proceso de decisión y planificación de la política nuclear de la OTAN, siendo sus responsables directos el Ministro de Defensa, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Presidente del Gobierno, el personal diplomático y militar que trabaja en los Cuarteles Generales de la OTAN en el Grupo de Planificación Nuclear y demás estructuras encargadas de la defensa mediante el armamento nuclear.
Por todo ello, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se proceda de inmediato a la incoación del procedimiento penal que compruebe estos hechos y determine las personas criminalmente responsable de los mismos, haciendo notar a este respecto que, en el ámbito de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, en ningún caso cabe entender que su comisión o la participación en los mismos obedeciendo órdenes del gobierno pueda estar amparada por la circunstancia eximente de obrar en cumplimiento de un deber, por ser ello ajeno al contenido de dicha eximente en nuestro ordenamiento y prohibirlo expresamente el art. 616 bis del Código Penal.
En , a de noviembre de 2006.
Firmado,
